Luego de recibir la toga y su credencial que la acredita como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama afirmó que el máximo tribunal ha incurrido en excesos al desarrollar sus funciones y consideró que debe autolimitarse y someterse a la Constitución.
Este jueves, Batres Guadarrama se convirtió oficialmente en la quinta mujer dentro del pleno de la Corte con la ceremonia de bienvenida realizada en sesión solemne de plenos del Máximo Tribunal, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Además de que por primera vez en la Corte habrá cinco mujeres en el Pleno, Batres Guadarrama es la primera ministra designada directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que en el Senado no hubo consenso para elegir una de las propuestas enviadas por el mandatario.
El discurso de bienvenida corrió a cargo de la ministra Yasmín Esquivel, quien también llegó a la Corte a propuesta de López Obrador, y se dedicó a alabar los antecedentes familiares, académicos y de ejercicio profesional de Batres Guadarrama.
Durante su alocución, la nueva ministra arremetió contra la institución que hoy la recibió por los salarios de los integrantes del Pleno y al considerar que en lugar de enfocarse en defender los derechos humanos y sociales, se enfoca en ccasos con fuertes implicaciones políticas y mencionó la Ley de la Industria Eléctrica y la reforma a la Ley General de Instituciones Procedimientos Electorales, ambas impulsadas por el presidente López Obrador, a quien debe su nombramiento.
“La Constitución prevé, en su artículo 17, que las autoridades deben privilegiar la solución de los conflictos sobre los formalismos procedimentales. Y el Poder Judicial no lo está cumpliendo.
“Esta SCJN, por otro lado, se ha extralimitado. El carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir la jerarquía de la Constitución con la jerarquía de la instancia”, dijo.
Reprochó que la Corte se ha colocado “por fuera y por encima” de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al impedirle efectuar auditorías de desempeño.
“(La Corte) ejerce poderes que están expresamente vedados en la ley, como el otorgamiento de suspensiones en casos de acciones de inconstitucionalidad, violando el artículo 64, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Ha creado instancias como la etapa ante los Tribunales Colegiados de Circuito en el incidente de inejecución de sentencias que no tienen sustento constitucional y sólo prolongan los procesos”, afirmó.
También consideró que en sus resoluciones la Corte se ha adjudicado facultades para legislar y determinar la “revivicencia” de normas derogadas por el Congreso de la Unión.
“La Suprema Corte se ha asumido como legislador positivo, pues define normas que prevalecerán posteriormente a una declaración de inconstitucionalidad, invadiendo la esfera del Poder Legislativo democráticamente electo», dijo.
“Ha incumplido, además, desde hace 14 años, el artículo 127 constitucional, que fija como límite para la remuneración de las personas servidoras públicas la establecida para el Presidente de la República, disposición que no fue impuesta ni por el actual mandatario, ni por las mayorías parlamentarias actuales, sino que entró en vigor en 2010. La insistencia en este tema no responde a un política o ideales de una cierta visión partidista. Simplemente, nos corresponde acatar la Constitución”, agregó.
Por ello, indicó que la Corte no está subordinada a la Constitución sino al revés y consideró que los ministros no pueden “seguir tomando decisiones anticonstitucionales” bajo el argumento de que estas son inatacables.
“Es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales que dicta la Suprema Corte o su jurisprudencia puedan estar por arriba de la Constitución o de las Leyes Mexicanas. Por eso hablamos de excesos. Una cosa es que la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura tengan facultades reglamentarias para facilitar (vía acuerdos generales) la impartición de justicia y algo muy distinto es que esos acuerdos generales sean la Ley Suprema de la Unión”.
Los más de 80 invitados de la nueva ministra a la ceremonia protocolaria aplaudieron sus palabras, mismas que ya había pronunciado en sus comparecencias ante el Senado de la República durante el proceso de selección.
Entre los invitados destacaron integrantes de la cúpula morenista como la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy; el jefe de gobierno de la capital y hermano de la nueva ministra, Martí Batres; el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez cUEVAS; Inti Muñoz Santini, subsecretario de Gobierno de la CDMX.
También estuvo presente el senador morenista César Cravioto; el diputado de Morena, Hamlet García; René Sánchez Galindo, director General de Asuntos Internacionales de la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Los secretarios del Bienestar, Ariadna Montiel; de Energía, Miguel Ángel Maciel; de Economía, Raquel Buenrostro; de Cultura, Alejandra Frausto; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón.
La extitular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y su esposo, el académico John Ackerman y César Yáñez, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.
Las candidatas con las que Batres Guadarrama compartió las dos ternas en las que participó para ser ministra: la consejera Jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos González; María Eréndira Cruzvillegas Fuentes, jefa del juríico de la Secretaría de Cultura y Bertha Alcalde, comisionada de operación sanitaria de Cofepris.